La asociación saluda el Real Decreto Ley anunciado por el Presidente del Gobierno para que a partir de ahora sean las entidades las que paguen el impuesto de las hipotecas
ADICAE mantiene sus demandas colectivas sobre gastos hipotecarios y organiza la reacción de los consumidores para que la banca pague lo que el Supremo sentenció como abusivo en 2015
ADICAE celebra que Pedro Sánchez y su Gobierno haya escuchado el clamor social de millones de hipotecados en contra de la decisión tomada por el Tribunal Supremo este martes. La asociación considera una verdadera victoria de los consumidores el Real Decreto Ley que obligará a pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados a partir de ahora a la banca.
La asociación valora de forma muy positiva también la creación de la Autoridad Independiente de Protección al Cliente Financiero, un supervisor que ADICAE lleva exigiendo más de diez años ante la ineficacia del Banco de España y la CNMV que ha convertido en un laberinto sus decisiones para el consumidor.
Esta autoridad independiente es un gran avance para los consumidores, puede coordinar la supervisión de los organismos y proteger al consumidor financiero estableciendo una relación nueva entre la banca y los clientes.
La decisión del Gobierno no afecta a las demandas colectivas que seguirán su curso mientras ADICAE sigue recogiendo cientos y cientos de solicitudes para reclamar los gastos hipotecarios que ya fueron declarados nulos por el Supremo y que han originado centenares de sentencias a favor de los consumidores.
La ajustada decisión del Supremo y la decisión tomada hoy por Sánchez demuestra que la batalla judicial sigue en pie, y apunta a que acabará en el TJUE. ADICAE no baja los brazos y sigue organizando la reacción de los millones de hipotecados que quieren reclamar los gastos hipotecarios con asambleas, en su plataforma de afectados y en la web www.hipotecaconderechos.es
El Gobierno ha tomado un buen rumbo en sus decisiones adoptadas hoy pero ahora tiene que completar el camino con la aprobación en el parlamento de una buena ley hipotecaria que defienda a los consumidores, no solo en el reparto de los gastos hipotecarios, sino en temas fundamentales como las cláusulas suelo o el vencimiento anticipado.